Natalia E. Vargas Soto.  Abogada por la Universidad de Lima. Asociada de Estudio Echecopar.

Al evaluar la adquisición de un inmueble que se encuentre en un centro histórico o en la periferia del mismo, deberá verificarse si el inmueble tiene la calidad de ser patrimonio cultural de la Nación o si, por su especial ubicación o características, se presume que tiene tal calidad. Ello en razón de que por normas como la Resolución Suprema No. 2900-72-ED, del 28 de diciembre de 1972, publicada en El Peruano el 23 de enero de 1973, se designaron como zonas monumentales –por ende, parte del patrimonio cultural de la Nación- áreas determinadas por sus perímetros, pero que no individualizaban los bienes incluidos dentro de ellas, y que, por tanto, podían ser consideradas como Patrimonio Cultural de la Nación.[1]

De esta manera, un particular puede ser propietario de un bien que se encuentre dentro de una zona monumental sin que ello conste en la partida registral del inmueble o sin que exista una declaración expresa de la autoridad competente de que dicho inmueble tiene tal calidad.

I.            Qué bienes integran el Patrimonio Cultural de la Nación

Los bienes que son patrimonio cultural de nuestra Nación se rigen por la Ley No. 28296, del 21 de julio de 2004, “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación” (en adelante, la Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 011-2006-ED (en adelante, el Reglamento).

De acuerdo al artículo II de la Ley, tendrán la calidad de Patrimonio Cultural de la Nación“toda manifestación del quehacer humano material o inmaterial que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley” (resaltado agregado).

De esta manera, existen dos vías para que un bien sea considerado como Patrimonio Cultural de la Nación: i) que exista una declaración expresa que lo reconozca como tal; o, ii) que exista la presunción legal de serlo.

Dado que la declaración expresa no genera mayor controversia, pues en la mayoría de los casos la carga de integrar el Patrimonio Cultural de la Nación se inscribe en la partida registral del inmueble, nos centraremos en la figura de la presunción

II.          La presunción de integrar el Patrimonio Cultural de la Nación

El artículo III de la Ley regula sobre qué bienes recae la presunción legal de pertenecer al Patrimonio Cultural de la Nación, así, allí establece que “se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte. La presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad competente, de oficio o a solicitud de parte”. (Subrayado agregado).

Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley establece qué bienes inmuebles forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Así, indica que: “Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional.

La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso”.

De esta manera, por ejemplo, atendiendo a la ubicación de un inmueble dentro de una Zona Monumental o incluso dentro de un área delimitada sólo por el nombre de calles, se presume que dicho bien tiene la condición de Patrimonio Cultural de la Nación, siendo que de acuerdo al artículo 11 del Reglamento será necesaria una declaración expresa que deje sin efecto tal presunción[2]. Asimismo, de acuerdo a la norma indicada, a efectos de levantar la presunción es necesario que exista un informe que sustente el porqué tal bien no reúne las condiciones para ser Patrimonio Cultural.

III.   Limitaciones a la transferencia de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación

El que se presuma que un inmueble es parte del Patrimonio Cultural de la Nación genera ciertas medidas limitativas[3] a sus propietarios, en razón a su especial naturaleza y al deber de protección y conservación que prevé la norma respecto de este tipo especial de bienes. Así, con relación a la transferencia onerosa de los mismos, la Ley establece la siguiente limitación:

-    Transferencia del bien inmueble (artículo 9 de la Ley)[4]: Dentro del territorio nacional, el bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación puede ser transferido bajo cualquier título, con observancia de los requisitos y límites siguientes:

i) La transferencia de dominio entre particulares de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación obligatoriamente debe ser puesta en conocimiento previo de los organismos competentes, bajo sanción de nulidad.

ii) Queda prohibida la transferencia de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a la persona condenada durante el tiempo de la condena, por los delitos comprendidos en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal. Es nula la transferencia efectuada en contravención a esta disposición.

iii) El Estado tiene preferencia en la transferencia onerosa de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, bajo sanción de nulidad.

iv) No podrán transferirse separadamente los bienes integrantes de una colección o conjunto de bienes que tengan vinculación entre sí, salvo autorización expresa de la entidad competente.

Por su parte, el Reglamento establece la manera en que se debe cumplir la obligación legal (derecho de preferencia) mencionada:

“Artículo 13.- Transferencia a título oneroso

El propietario sea público o privado, que pretenda transferir onerosamente la propiedad de un bien cultural deberá notificarlo al organismo competente, declarando el precio y las condiciones de la transferencia. Dicha declaración constituirá una oferta de venta irrevocable.

El organismo competente contará con un plazo de 30 días útiles, contados a partir de la fecha de presentación de la declaración referida en el párrafo precedente, para aceptar la oferta de venta. Vencido dicho plazo operará la caducidad de su derecho de preferencia, pudiendo el propietario transferir dichos bienes culturales”. (Subrayado agregado).

De las normas citadas, se desprende que todo aquel que decida vender un bien sobre el que pesa una presunción de ser Patrimonio Cultural, deberá:

i) Comunicar al la entidad competente[5] el precio y condiciones en las que operaría la transferencia. Dicha comunicación configurará una oferta irrevocable[6] de venta a favor de la entidad.

ii) La Entidad tendrá un plazo de 30 días útiles para aceptar la oferta.

iii) En caso de silencio por parte de la Entidad, se entenderá rechazada la oferta.

iv) Si la Entidad no acepta la oferta dentro del plazo indicado, o la rechaza expresamente, los copropietarios podrán transferirlo libremente.

En ese sentido, mientras un inmueble se encuentre bajo la presunción de ser Patrimonio Cultural de la Nación, y en tanto subsista tal situación jurídica, se debe respetar el derecho de preferencia del Estado[7], por lo que se le deberá remitir una oferta irrevocable de venta (en los mismos términos en que pretenda transferir), la cual tendrá una vigencia máxima de 30 días útiles.

Por lo indicado, y a fin de evitar futuras nulidades, se deberá ofertar al Estado la venta del inmueble, a fin de que dicha entidad determine si le interesa adquirirlo. En caso, su respuesta sea negativa, recién en ese momento, se podrá transferir el bien sin limitación alguna.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que si bien la entidad competente podría rechazar la oferta, o la presunción podría ser levantada, el proyecto a realizarse en él deberá respetar las restricciones que se puedan imponer por las normas correspondientes, respecto de urbanismo o construcción, por su especial ubicación.


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